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Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, en 2016 China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania instalaron respectivamente, 34,54 GW, 14,74 GW, 1,97 y 1,52 GW de nueva potencia fotovoltaica. En España en cambio, el año pasado se instalaron solo 55 MW, de los cuales el autoconsumo representa la mayor parte de esta nueva potencia instalada.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo, del que hablamos en la entrada anterior, se abre la puerta a que el autoconsumo pueda ser compartido en comunidades de vecinos y urbanizaciones. Según los expertos, con el autoconsumo compartido, el ahorro en la inversión, mantenimiento y optimización puede ser de un 30% por economías de escala y, puede suponer un ahorro de entre un 70 y un 80% del consumo de la energía. Para maximizar dichas cifras, resulta totalmente esencial que primero se haya considerado la eficiencia energética del edificio. En este sentido, para 2021, las Directivas europeas, ya transpuestas en España, marcan la obligatoriedad de que los nuevos edificios construidos sean de consumo casi nulo, objetivos que no pueden lograrse sin la combinación de eficiencia y producción renovable. Del razonamiento jurídico de la sentencia se desprende que el TC considera que el autoconsumo compartido es una medida de eficiencia energética, que tiene por objetivo la reducción del consumo eléctrico de los ciudadanos, al igual que otras medidas de eficiencia, como por ejemplo, la sustitución de elementos de iluminación.

Jorge Morales, ingeniero industrial y director de Geoatlanter indica que “esta modalidad de autoconsumo minimizará los excedentes y los costes de tramitación". Y lo argumenta: "Cuando tienes una instalación compartida, es difícil que haya excedentes, ya que es complicado que, cuando hace sol, no haya nadie en casa; sin embargo, si tienes una instalación individual, lo más normal es que, durante el mediodía, en gran parte de las viviendas se esté inyectando energía a la red".

Tras la sentencia del Constitucional, ahora deben ser las Comunidades Autónomas las que hagan uso de las facultades que se les han reconocido en este ámbito para favorecer este tipo de instalaciones. El reto está en los mecanismos y las vías que se sigan. En Canarias por ejemplo, el Gobierno cree que no es necesaria una regulación autonómica y que el fallo es de aplicación inmediata. De hecho, el viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza indicó que "no tenemos que hacer ningún registro especial, salvo que el Ministerio saque una nueva normativa" y que sólo es necesario inscribirse en el registro que la Consejería de Economía e Industria tiene abierta para las instalaciones de autoconsumo. Otras Comunidades podrían optar por publicar notas interpretativas que den pautas al sector respecto de los efectos prácticos que tiene la sentencia, aclarando las formas en que debe desarrollarse el autoconsumo compartido. Asimismo, podría haber Comunidades que optaran por desarrollar una regulación específica al respecto.

Para leer más sobre el autoconsumo compartido y los efectos de la resolución del constitucional podéis pinchar aquí.